Los técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo han cuantificado los daños causados en los yacimientos durante la extracción de estos restos en unos 140.000 euros, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado remitido a Efe.
La Guardia Civil, a través de las investigaciones, iniciadas en noviembre de 2009, tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas residentes en varias localidades cacereñas dedicadas al expolio de zonas de interés arqueológico en esta provincia.
Una vez identificados y sometidos a vigilancia, se comprobó como algunos de ellos, provistos de detector de metales y útiles para excavar, se dirigían a estos yacimientos, con+ frecuencia por la noche, para llevar a cabo la actividad ilícita.
Uno de los detenidos, vecino de Casar de Cáceres, adquiría los objetos expoliados por el resto del grupo y los comercializaba a través de portales de Internet dedicados a la oferta o subastas de este tipo de material.
Finalmente los agentes procedieron en las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata, Monroy, Casar de Cáceres, Plasencia y Cáceres capital a la detención de siete personas y a la imputación de otras cuatro por delitos de expolio de restos arqueológicos y daños.
También se practicaron seis registros domiciliarios, en los que se han intervenido diez detectores de metales, mapas topográficos con indicaciones de yacimientos, herramientas de limpieza de estos restos y material para su empaquetado y envío al extranjero.
La operación aún continúa abierta y en ella trabajan conjuntamente la Sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza de Cáceres, además de otras unidades.
La legislación sobre patrimonio histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin autorización y establece que los hallazgos de forma casual han de ser entregados a las administraciones.
